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(28-08-2010)-
"El juez deja vigente la resolución 100 y la 102, que
era lo que más podía preocuparnos, que quedaran
suspendidas. Pero las resoluciones no están cuestionadas
por el juez", remarcó De Vido.
El magistrado ordenó
ayer al Gobierno y a la empresa Fibertel que "en forma
inmediata" le garanticen a todos los usuarios de esa
compañía proveedora de Internet "la continuidad del
servicio en idénticas condiciones" pero no se expresó
directamente en contra de la caducidad de la licencia.
De Vido puso de relieve
que "la medida no cayó por efecto de la acción judicial,
como pronosticó Clarín".
"Solamente está
pidiendo a nosotros y a la empresa Cablevisión, que
informemos qué medidas vamos a adoptar para cumplimentar
lo que él ordena en su medida cautelar", precisó el
ministro en una entrevista con radio Diez.
Y, sostuvo que "el
fallo es muy claro y fundamentalmente, al igual que la
voluntad del Estado nacional, busca proteger a los
usuarios".
Asimismo, explicó que
la medida fija que "la empresa Cablevisión continúe
asistiendo al usuario hasta que migre a otra compañía",
y remarcó que "lo más importante es la protección al
usuario".
De Vido afirmó que "hay
más de 400 empresas en condiciones de prestar servicios
similares a lo de Fibertel".
"Fibertel está
prestando este servicio 'trucho' en 135 localidades de
la Argentina, cuando hay 2.600 municipios, sociedades de
fomento y comunas en todo el país", argumentó el
funcionario kirchnerista.
Por eso, consideró que
"hay alternativas para elegir menores precios y la misma
o mejor calidad".
Precisó que "son 90
días hábiles desde el dictado de la Resolución" los que
tienen los usuarios, pero aclaró que "es un tiempo
referencial".
En ese sentido, subrayó
que "si hubiera que hacer en algún momento alguna
modificación en aras de lo que el juez quiere preservar,
que es el servicio del usuario, se hará lo que al
usuario le convenga".
De Vido destacó que
"Cablevisión hizo en 2003 una solicitud de fusionarse
con Fibertel", y añadió que "en forma unilateral
decidieron esa fusión el 15 de enero de 2009, cosa que
el Estado nunca aceptó ni autorizó". |
